Cara dura, por doquier

Este artículo ha sido publicado hoy en el diario Marbella Express. Me disculpareis, quizás, por su extensión.

Por José Manuel Beltrán

La reflexión, así efectuada por el ministro de Fomento, José Blanco, para buscar fórmulas que homologuen los impuestos españoles a los de la media de los países de la U.E., ha encontrado nuevo tema de debate en nuestra sociedad. Quizás, lo de nuevo, sea realmente algo exagerado pues, de todos es sabido que, ya en esta legislatura las discrepancias políticas entre las formaciones mayoritarias no han dado lugar a recomponer un modelo fiscal duradero y, sobre todo, que su reparto nos haga sentir copartícipes en función de la riqueza de cada uno.

Quiero entender la “salida a la arena” del Sr. Blanco como la mejor forma de exposición del marketing político, máxime después de su nuevo triunfo ante el conflicto-chantaje en el que, de nuevo, los controladores aéreos querían llevar a este país con su anunciada huelga. Lo que me preocupa, es que no haya sido la máxima responsable de la economía nacional, Elena Salgado, quien nos hiciese este anuncio. Será que, doña Elena, es todavía más reflexiva que su compañero de gabinete y anda dándole vueltas a la antigua denuncia de los inspectores de su propio ministerio, hartos de informar que el nivel de fraude tributario se eleva a más de un 24% en relación a nuestro P.I.B.

Es así que, cuando José Blanco afirma que los impuestos españoles son “muy bajos” en relación a la media europea, no dice toda la verdad o, por no querer ser tan inquisitivo, su manifestación debería contener elementos más amplios y precisos sobre este aserto. Si nos referimos a los tipos impositivos de la renta personal, España se sitúa con su tipo máximo de gravamen del 43% por detrás, y en este orden, de Dinamarca (59%), Suecia (56,4), Bélgica (53,7), Países Bajos (52), Finlandia y Austria (50), Alemania (47,5), Francia (45,8) e Italia con un 44,8%. Por detrás nuestro quedarían: Portugal (42), Irlanda y Eslovenia (41), Grecia, Hungría y Polonia y el Reino Unido con un 40% y, finalmente, dentro de los países que superan la media UE del 39%, se situaría Luxemburgo. Curiosamente los nueve países restantes por debajo de esta media y que cumplirían perfectamente la afirmación del ministro, entre los que se encuentran Bulgaria y Rumania, son exportadores de mano de obra que se desplazan a trabajar a países con tipos impositivos superiores.

Comparto la idea (creo que tiene poco margen de discusión) que unos servicios públicos e infraestructuras de calidad tienen un elevado precio. Debemos de olvidar ya, de una vez por todas, que hemos dejado de ser un país receptor continuado de fondos comunitarios y que, ahora, como lo ha sido siempre Alemania, somos país pagador. Por ello, es justo que nosotros seamos los primeros en contribuir a nuestro propio desarrollo. Cuestión diferente, en cuanto a los ingresos del Estado, es cómo repartir esa carga o, sin que tengamos que olvidarnos de ello, de qué forma debemos reestructurar nuestros gastos que, en definitiva, no es otro que abordar seriamente los continuos déficits de nuestra propia Administración Pública: Estatal, Autónoma y Local, ante lo que, en muchos casos, supone un despilfarro difícil de entender para el sujeto pasivo (por cierto, curiosa denominación. Tener que pagar por ser sujeto pasivo. Ni les digo que pasaría si cambiásemos a sujetos activos).

La última afirmación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último debate sobre el Estado de la Nación del pasado mes de julio: “Si hay que pedir nuevos esfuerzos a los españoles lo haré en los próximos PGE…” nos ha trasladado la idea que esos esfuerzos irán destinados para aquellos con alta capacidad económica. Sin embargo, es curioso observar el resultado publicado en el último informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del propio Ministerio de Economía y Hacienda, en el que un 43% de la población justifica el fraude fiscal con argumentos como “..las circunstancias obligan… para salir adelante”. El punto de vista positivo (véase lo fácil que es interpretar la estadística, según interese) es que el 57% de los españoles no encuentra justificación en regatear a Hacienda. Aunque lo más triste es que, de los que sí lo justifican, un 50% son empresarios y un 48% profesionales liberales autónomos. No es que trate yo de inundarles con cifras, que por sí mismas son ya elocuentes, sino que, a similitud del ministro, quisiera que ellas les hiciesen reflexionar.

José María Peláez, quien fue presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE), afirmaba en un informe publicado el pasado verano que, sin existir un estudio oficial en nuestro país sobre el fraude fiscal, informes y datos ponían de manifiesto la gravedad del problema cuantificándose entre un 20/25% de fraude en relación a nuestro P.I.B. Esto significaría, sobre un PIB del año 2007 de un billón de euros y una presión fiscal media del 36%, que se han dejado de ingresar cada año cuotas superiores a los 70.000 millones de euros. Si además tenemos en cuenta el periodo de prescripción, de cuatro años, establecido en la Ley General Tributaria se puede considerar del orden de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas y que, con una decidida acción de gobierno y de modificación de medidas y penas adecuadas, se podrían haber ingresado en las arcas del Estado. Esa es la misma queja con la que continúan, como mencionaba al principio, los Inspectores de Hacienda y que conste, que lo vienen haciendo desde la época de gobierno aznarista.

Un fraude que viene propiciado desde la negligencia en el control de los presupuestos, fundamentalmente del gasto, tanto en la Administración Central, como en las propias Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos o de cualquiera de sus sociedades participadas. Un Tribunal de Cuentas, como el resto de organismos que tienen que velar por el fiel cumplimiento del trámite presupuestario, y una regulación legal extraordinariamente lenta e ineficaz para exigir responsabilidades en tiempo y forma. Modelos a seguir existen y esta vez si debemos fijarnos en EEUU.

La tolerancia en el fraude, al igual que en la violencia de género, debe ser CERO. Los “caras duras” de este país, y ahora ya no es necesario acudir a los estudios de opinión, pululan por doquier. De nada nos sirve “mirar la paja en ojo ajeno si no vemos la viga en el nuestro” y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Eso sí, siempre con salud, ciudadanos.